Un nuevo y serio problema

Ante la noticia de la anulación del impuesto de plusvalía municipal, el impulso natural es celebrarlo. Si un impuesto desaparece, sobre todo si ha sido de aplicación tan discutible, demos las gracias al Tribunal Constitucional. Este cronista, sin embargo, está más cerca del lamento que del jolgorio. Es que estamos ante un golpe muy severo a las arcas municipales. Es difícil saber cuánto dinero dejará de entrar en ellas por la venta de inmuebles, pero será una cantidad muy importante, quizá insignificante en los pequeños municipios rurales, pero gigantesca en los pueblos y ciudades donde se registra un notable movimiento inmobiliario. Esos ayuntamientos tendrán que prescindir de esos ingresos, pero no de los servicios que prestan, que son los más próximos al ciudadano y, por tanto, los más sensibles. Tienen que ver con la vida diaria, con la calidad de esa vida, con la asistencia a los sectores sociales más débiles y singularmente a las personas mayores. Tenemos un nuevo problema, señores del gobierno, un serio problema. Yo no sé cómo se resuelve; pero sí sé que los ayuntamientos necesitan ese dinero. Y no para ostentaciones, sino para el ciudadano normal.